Manifiesto CEDENMA
Día del AMBIENTE, 5 de junio 2012
CEDENMA fue fundada hace 25 años, en 1987, en el Primer Congreso Ecuatoriano de Medio Ambiente, en representación de la sociedad civil movilizada en torno a los desafíos de conservación de la naturaleza y la gestión del patrimonio natural del país, como sustento de la vida de la población ecuatoriana. Desde su creación ha jugado un papel muy activo en el cumplimiento de su cometido y ha sido protagonista de la política e institucionalidad ambiental ecuatoriana. Además de ser interlocutora ante organismos públicos y privados locales, regionales y globales en temas relativos a su ámbito de acción.
De acuerdo a nuestro lema central “Defensa de la naturaleza y del ambiente por un desarrollo sustentable” y junto a los movimientos sociales, CEDENMA ha aportado en la construcción de alternativas al modelo de desarrollo basado en la explotación de la naturaleza. A la vez, ha propuesto estrategias para transitar a una sociedad justa, incluyente y democrática. Fruto de esta lucha, la actual Constitución del Ecuador recoge muchos de los planteamientos expresados por los movimientos sociales y el CEDENMA, como el buen vivir y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derechos.
Hoy, sin embargo, vemos con preocupación el irrespeto y escaso cumplimiento del gobierno respecto a las conquistas alcanzadas en la Constitución. Esto se evidencia en la poca importancia concedida a la conservación de la naturaleza, la ausencia de voluntad para promover la participación social, el despliegue de una tónica de profunda intolerancia frente a opiniones contrarias, y la criminalización de la protesta social. Esto, además de socavar la democracia, refleja las graves contradicciones entre el discurso político y la práctica cotidiana de acción del gobierno. A estas manifestaciones se añaden el desmedido afán por controlar todos los poderes del Estado, restando legitimidad y credibilidad a la gestión de la Asamblea Nacional, el poder judicial, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Corte Constitucional y las instituciones de control que, en un breve balance de su trayectoria en los últimos años, no han hecho sino acatar y respaldar las decisiones adoptadas por el Ejecutivo.
Nos preocupa de manera fundamental el ímpetu otorgado por el actual gobierno a la economía extractivista y su orientación hacia la explotación de los recursos naturales sin considerar las afectaciones sobre la naturaleza, sus ciclos vitales y funciones ecológicas, ni tomar en cuenta los impactos sobre la vida de la población, menos aún su opinión a través de procesos de consulta serios y transparentes. Nos alarma la arrogancia con la que el gobierno pretende hacernos creer que la contaminación de ríos y la pérdida de valiosa biodiversidad pueden ser revertidas con los ingresos provenientes de la minería o la explotación del petróleo. Nos indigna su lenguaje y expresiones racistas que menosprecian a pueblos indígenas y movimientos sociales y su falta de coherencia para transitar –como dice el Plan para el Buen Vivir- a una sociedad asentada en el bio-conocimiento. Una sociedad que, antes que crecer a costa de lo que podamos extraer de la naturaleza, se organice en función de lo que podemos aprender de ella.
Lamentablemente, somos testigos de una serie de contradicciones y retrocesos en la política gubernamental vinculada con la conservación de la naturaleza y el respeto de los derechos colectivos y una sistemática invalidación de las propuestas más emblemáticas que ha enarbolado el país como la Iniciativa Yasuní-ITT. En efecto, es difícil pensar que pueda existir respaldo a la Iniciativa Yasuní-ITT cuando al mismo tiempo el gobierno explota el campo Armadillo, área en la que ha sido evidente la presencia de pueblos en aislamiento voluntario, o cuando da paso a la explotación del Bloque 31, adyacente al bloque ITT, en el corazón del Parque Nacional Yasuní.
Es igualmente contradictorio imponer la ampliación de la frontera extractiva en áreas de fragilidad ecológica y cultural como la Amazonía centro-sur, desconociendo los puntos de vista de los pueblos ancestrales y comunidades respecto a los impactos inmediatos y futuros sobre su vida, o las preocupaciones que han hecho públicas diversas organizaciones sociales y sectores de la academia en torno a la pérdida irreversible de biodiversidad, la contaminación del agua, las afectaciones sobre la salud de la población y el trastrocamiento de expresiones culturales propias. La forma en cómo se concretó el primer contrato de minería a cielo abierto –omitiendo incluso observaciones formuladas por la Contraloría General del Estado- sienta las pautas de lo que será la actuación del gobierno en la próxima apertura de la XI ronda de licitación petrolera que comprometería a 3 millones de hectáreas distribuidas en la Amazonía centro-sur y sobrepuestas en territorios ancestrales de pueblos y nacionalidades indígenas.
Exigimos el respeto a la sociedad civil, a sus formas organizativas, a su autonomía y libertad, y a su derecho a la participación real en la gestión local y nacional. Demandamos el acato a los procesos de toma de decisiones en políticas y legislación, y al carácter vinculante de la consulta previa en casos de posible afectación directa a la vida y propiedades de comunidades y pueblos.
En medio de estas contradicciones, el gobierno quiere promover en la próxima cumbre mundial de Río + 20, la suscripción de una Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza y el reconocimiento del buen vivir como un nuevo paradigma civilizatorio. El respaldo que reciba esta propuesta, así como la posibilidad de que las iniciativas, forjadas en el Ecuador, puedan orientar el futuro de la Tierra, demandan, por parte del gobierno, una actitud consistente y coherente. La gravedad de los problemas actuales no será superada a partir de una retórica discursiva hacia el exterior y una práctica de intolerancia, imposición e irrespeto a la Constitución en lo interno.
El compromiso con el buen vivir y los derechos de la naturaleza impone trascender el extractivismo y dar paso a un amplio debate sobre cómo concretar la transición a una economía y sociedad que no repitan los estilos de vida de los países del norte y sus patrones de producción y consumo que han demostrado ser insostenibles. La complejidad de este proceso reclama el fortalecimiento de la democracia, implica escuchar y procesar diversas perspectivas y visiones y revalorizar, por consiguiente, la diversidad cultural que nos caracteriza como pueblo. Supone discutir un orden de prioridades distinto y apoyar el desarrollo de sectores como la agricultura, la agroecología, el turismo; impulsar nuevas tecnologías energéticas y la investigación para el aprovechamiento de nuestra biodiversidad; apoyar la creatividad e iniciativas de hombres y mujeres productores, campesinos, artesanos de Ecuador que lo que demandan es calidad de vida y no vivir con más.
En homenaje al día del ambiente y por los 25 años de CEDENMA, reiteramos nuestro profundo compromiso con la sociedad ecuatoriana, y hacemos un llamado a todos los sectores y actores políticos a sumar fuerzas y esfuerzos, a unir manos y voluntades, para rescatar el proceso que hemos impulsado en las últimas décadas y recuperar el protagonismo en el proyecto colectivo para la construcción de nuestros sueños y aspiraciones, porque otro mundo es posible.