Reunidos en Quito, el día 20 de mayo del 2005, en el Teatro de la Unidad Educativa Sucre, quienes nos conformamos en La Asamblea Nacional Ambiental Permanente

Considerando:

• Que frente a un modelo político y económico estructural sustentado en la acumulación del capital que excluye a la mayoría de la población ecuatoriana y beneficia a pocos sectores, principalmente a empresas transnacionales y organismos internacionales.
• Que el Estado Ecuatoriano ha embargado su soberanía a través de la suscripción de convenios y tratados que favorecen a intereses foráneos.
• Que los cambios de gobierno a los que hemos asistido en las últimas décadas, no han significado una verdadera transformación del país sino que, por el contrario, garantizan el continuismo de políticas neoliberales, acentuando un modelo neocolonialista, extractivista y depredador del patrimonio natural de todos los ecuatorianos.
• Que las instituciones del Estado han demostrado ineficacia y han incurrido en prácticas sistemáticas de cesión del Patrimonio Nacional a los intereses transnacionales y de los grupos de poder económico y político del país.
• Que el marco legal y constitucional ecuatoriano, que protege los ecosistemas y la biodiversidad ha sido violado, legitimando la impunidad y la corrupción y está siendo desmantelado para favorecer la privatización de los recursos naturales.
• Que los derechos de las poblaciones locales han sido violados sistemáticamente.
• Que las nacionalidades y pueblos del Ecuador han sido despojados de sus territorios y espacios de vida, sumiéndolos en la pobreza y exclusión.
• Que las decisiones tomadas para la gestión del Patrimonio Natural del Ecuador no han contado con la participación directa de las poblaciones locales que viven y manejan los ecosistemas del país.
• Que existe una amenaza de extinción de nuestros recursos naturales por su alta fragilidad.
• Que el sistema democrático que vivimos, asentado en los partidos políticos es un sistema caduco y no garantiza una verdadera representación.

Declaramos:

SOBRE POLITICA NACIONAL:

1. Impulsar la Consulta Popular sobre temas de interés general como: posición frente al TLC, Plan Colombia, reforma política del país, reforma electoral y Asamblea Constituyente.
2. Generar espacios de representación directa sin mediación de partidos políticos e intereses ajenos a los mandatos de esta declaratoria.
3. Rechazar la firma del Tratado de Libre Comercio por ser atentatorio a nuestra soberanía.
4. Desconocer el sistema de representatividad del Congreso Nacional.
5. Exigir la salida de las fuerzas militares norteamericanas de la Base de Manta.
   

SOBRE POLITICAS AMBIENTALES

1. Solicitar la declaración en emergencia ambiental de nuestro país, especialmente de:
   

   a. Provincia de Esmeraldas
   b. Reserva de Biósfera Yasuní.
   c. Sarayacu
   d. Intag
   e. Provincia de los Ríos
   f. Cuenca del río Daule
   g. Cuenca del río Guayas
   h. Provincia de El Oro
   i. Provincia de Sucumbíos
   j. Provincia de Orellana
   k. Provincia de Galápagos
   

2. Rechazar todo intento de privatización de los recursos naturales y patrimoniales sea a favor de empresas u organismos nacionales o internacionales.

3. Impedir el desarrollo de megaproyectos que afectan los recursos naturales y el patrimonio territorial y cultural.

4. Fortalecer la autoridad ambiental del MAE, incorporando en su gestión las competencias ambientales que actualmente radican en otros Ministerios como Energía y Minas, Comercio Exterior, Agricultura y Ganadería, Defensa.

5. Implementar de forma urgente un control forestal eficiente, transparente que defienda los intereses del país.

6. Rechazar los procesos de certificación que no garantizan un manejo ecológico, social y económico sustentable.

7. Impedir la mercantilización de la naturaleza mediante el mecanismo de venta de servicios ambientales.

8. Realizar control social sobre la gestión de los recursos naturales a través de veedurías.

9. Exigir la moratoria para nuevas concesiones de exploración y explotación petrolera, minera, forestal, pesquera, hídrica y de otros recursos hasta que el Estado garantice un nuevo modelo de aprovechamiento de los recursos naturales no renovables.

10. Demandar la revisión de licencias y decisiones ambientales de los últimos gobiernos de Jamil Mahuad, Fabián Alarcón, Gustavo Noboa y Lucio Gutiérrez.

11. Exigir el cumplimiento irrestricto de las normas técnicas y legales para el otorgamiento de licencias ambientales.

12. Exigir la revocatoria de concesiones mineras, camaroneras, petroleras, forestales otorgadas dentro de áreas protegidas y declaradas Patrimonio Forestal del Estado y de todas aquellas que fueron otorgadas ilegal e injustamente.

13. Demandar la moratoria a toda actividad de Bioprospección y de organismos genéticamente modificados.

14. Demandar que se declare al Ecuador como país libre de transgénicos.

15. Demandar la declaración de los recursos hídricos como bien público nacional no negociable.

16. Demandar la realización de auditorias con la participación de las comunidades: a las empresas, ONG’s ambientalistas e instituciones del Estado.

17. Demandar del Estado el presupuesto necesario para la gestión ambiental.

18. Impulsar la investigación científica como sustento a la gestión ambiental, incorporando a actores importantes como las universidades.

19. Democratizar los procesos de comunicación, información y movilización de los actores a favor del ambiente.
    

SON MANDATOS DE ESTA ASAMBLEA

1. Constituir a la Asamblea Nacional Ambiental como espacio permanente para la reflexión, análisis, acción y vigilancia.
2. Denunciar y luchar contra la corrupción que ha traído un gran empobrecimiento e impactos negativos sobre el ambiente y el patrimonio natural.
3. Fortalecer las propuestas y acciones de economía solidaria y comunitaria para su desarrollo en correspondencia a la cosmovisión de las nacionalidades y pueblos del Ecuador.
4. Trabajar para que los territorios y el patrimonio natural del Ecuador sean devueltos y entregados en concesión a las comunidades locales, para beneficio del desarrollo local.
5. Solicitar la reversión de las áreas ocupadas ilegalmente por parte de las industrias extractivistas para iniciar un proceso de recuperación y restauración ecológica.
6. Denunciar y detener la militarización de nuestros territorios y exigir que este dinero se invierta en lo social, pues las Fuerzas Armadas nacionales no deben servir como cuerpos de seguridad de empresas privadas nacionales o transnacionales.